Ni el Ejecutivo ni el Congreso han planteado una sola reforma estructural del Estado, pese a que venimos arrastrando décadas de atraso en sendos problemas. Como el de las pensiones; la excesiva regulación laboral que promete beneficios al trabajador que la empresa no está en condiciones de solventar; el enrevesado, ineficiente y disperso régimen tributario; etc. Es más. Ni el gobierno central ni el Parlamento son capaces de abordar la madre de todos los problemas del Perú: la informalidad. Esta lacra es el origen de todos nuestros males. Debido a la informalidad, por ejemplo, el trabajo no resiste la sobrerregulación que la elite política insiste en imponerle a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Porque, seamos claros, sencillamente la deformación que significa convivir con competidores produciendo los mismísimos bienes y servicios –pero con 66 % menos de costo en la planilla– es la razón por la cual los emprendedores formales son incapaces de asumir el costo de la legalidad que persisten en exigirle los políticos que jamás han manejado una oficina, menos aún una empresa suya y, mucho menos todavía, pagado planillas con dinero de su bolsillo. ¿O acaso la gran mayoría de las compañías en el país generan lo suficiente como para saldarlas con sus ingresos?

Entonces, ¿a qué viene este postureo de los politicastros de siempre, fanfarroneando sobre lo que a ellos les interesa –obligar a terceros a que paguen el costo no solo de las extravagancias que aprueban como “conquistas sociales”, sino el costo de la corrupción que prima en el Estado peruano– solo para ganar aplausos de la platea? ¿Por qué en vez de perseverar en tamaño contrasentido los politicastros no empiezan por lo básico: solucionar el problema medular y trágico de la informalidad generalizada que prevalece en el Perú? Quizá la única explicación es la apabullante falta de neuronas que tienen quienes gobiernan este país hace ya demasiadas décadas. Neuronas que les permitan a las autoridades electas pensar, articular, debatir y aprobar un conjunto de normas que faciliten la formalización de todo tipo de actividades, desde productivas a servicios.

Habrá quien diga que la vorágine de problemas que día a día encajan en el Estado no permite que los gobernantes se concentren en aquello. Pero eso es absolutamente falso y ridículo. Porque los legisladores, por ejemplo, no tienen vela en ese entierro. Es sólo el Ejecutivo el poder del Estado encargado de solucionar la marcha del país. Lo que ocurre es que los parlamentarios –la inmensa mayoría de ellos carente de materia gris– se dedican al cabildeo y a ver cómo sepultan al competidor para colocarse en línea de carrera rumbo a la siguiente elección, y así seguir mamando escandalosamente de los impuestos que pagamos.

Por ello reiteramos: la innata incapacidad de la gran mayoría de quienes gobiernan este país atenta contra toda sindéresis, por lo cual el Perú sigue en el estado catatónico en que permanece hace medio siglo. Pese a ello debemos tener la suficiente insistencia, persistencia, resistencia y moderación para exigirles más cogerencia a las autoridades.